martes, 19 de marzo de 2013

El nuevo Código Penal prevé la imposición de multas a los periodistas que hablen de corrupción



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El borrador de Código Procesal Penal, que una comisión de expertos elaboró para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, recoge tales limitaciones para los medios de comunicación que supone una mordaza contra la prensa. Los ‘expertos’ parecen partir de la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y, por tanto, imponen limitaciones al derecho a la información: no sólo cuando hay secreto de sumario, como hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y el fiscal. Es decir, que con ese Código, los casos Gürtel o Bárcenas no podrían ser conocidos por la sociedad como lo son ahora.
Las limitaciones al derecho a y de la información están recogidas en el Libro II (“Disposiciones generales sobre las actuaciones procesales y la mediación penal), Título III sobre “Publicidad de las actuaciones”, y a las mismas se les ha dedicado los artículos 129 a 134 de lo que tendría que se la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La comisión redactora de ese borrador encargado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justifica las limitaciones -tremendas- que impone a los medios de comunicación, alegando en su “Exposición de motivos” que en el régimen de la publicidad de los casos judiciales “se ha entendido necesario establecer prohibiciones de revelación que resulten indispensables para asegurar el éxito de la investigación, la imparcialidad del Tribunal, el respeto por la presunción de inocencia, el honor y especialmente la intimidad de la víctima”.
En concreto, esa motivación quiere decir que si ese Código Procesal que estudia Ruiz-Gallardón estuviera ya en vigor, los ciudadanos no podrían conocer ningún tipo de dato de los casos de supuesta corrupción política como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Bárcenas’, y que si alguien filtraba algún tipo de documento, el filtrado iría directamente a la cárcel y el periodista debería pagar una multa de impresión.
El resultado es que el Gobierno habría conseguido ‘eliminar la corrupción’, pero no luchando contra el corrupto hasta su desaparición, sino callando la voz a los medios de comunicación: ‘corrupción que no se publicita, corrupción que no existe’, parece que pensaron los redactores del tal borrador de reforma de la LECRIM.
Las ‘excepciones’ a la publicidad en los casos judiciales
Como no podía ser de otra manera, el borrador de Código Procesal Penal establece en su artículo 129 el “Principio de general de publicidad”, es decir, que el juicio oral será en audiencia pública, pero en su artículo 130 impone algunas importantes excepciones.
Al igual que hasta ahora, se señala que el juicio oral podrá celebrarse a puerta cerrada “cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan”, pero introduce una coletilla muy peligrosa: “o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”.
Eso quiere decir que en casos, por ejemplo, de gran corrupción política, o en otros similares, el tribunal puede decidir que se celebre a puerta cerrada, dejando sin información real de lo que ocurre al conjunto de la sociedad.
Presencia de los medios de comunicación
La presencia de los medios de comunicación en el juicio oral estaba regulada en el Artículo 131, señalando que “podrán captar y difundir imágenes generales de la sala al inicio de la audiencia pública”, pero establece que el Tribunal podrá autorizar, previa audiencia de las partes, la retransmisión al público de la imagen y del sonido del juicio oral cuando concurran en la causa especiales circunstancias de las que se derive la preponderancia del interés público en la publicidad general del juicio frente a otros intereses en conflicto.
Es decir, que la audiencia ya no es tan pública, porque deja al Tribunal el criterio de si se emite el juicio por televisión o no. En casos de corrupción política, la respuesta sería previsiblemente que no.
En todo caso, el borrador obliga a que la señal difundida “habrá de ser institucional”, es decir con el tiro de cámara, etcétera que fije el Tribunal y sin recursos accesorios. Además, el borrador establece que “el Magistrado del Tribunal unipersonal o el Presidente del Tribunal tendrán el control permanente de la señal cuya desconexión podrán ordenar cuando concurran razones que lo aconsejen”. Es decir, que con sólo apretar un botón, el juez se convierte en censor cuando el apetezca.
Prohibiciones al derecho de y a la información
Las mayores medidas atentatorias contra la libertad de expresión están contenidas, sin embargo, en los artículos 132 y siguientes. El primero de los artículos ya establece que “excepcionalmente el órgano de enjuiciamiento, cuando fuese necesario para preservar alguna de las finalidades previstas en el artículo 130.1, podrá requerir al encausado, a testigos, a los profesionales o a cualquier tercero para que se abstenga de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos enjuiciados”.
Es el primer varapalo a la libertad de expresión: jueces y fiscales podrán promover el ‘secretismo’ en las actuaciones, incluso no mediando el ‘secreto de sumario’. Es decir, que ahora mismo, con este borrador y si el juez quiere, no se podría publicar ningún documento o información sobre Luis Bárcenas o sobre el ex ministro de Fomento, José Blanco.
En su punto dos se materializa la amenaza contra los medios de comunicación: “El Tribunal de Garantías podrá adoptar igual decisión a instancia del Ministerio Fiscal finalizada la fase de investigación y hasta la apertura del juicio oral. La prohibición será ratificada o alzada por el órgano de enjuiciamiento en el momento en que conozca de las actuaciones”.
Y en su apartado tres se es más directo: “Durante la fase de investigación el Fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales, o a cualquier tercero que haya tenido acceso a la información que convenga mantener reservada, que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos investigados de los que hubiere tenido conocimiento”.
En el caso de que tal mandato se incumpliera, el punto 4 lo aclara todo: “Si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.
Es decir, que si alguien publica algo que el juez o el fiscal quieren que no se conozca, se prohibirá a tal medio seguir con la publicación, y si no lo hace se tendrá que atener a las consecuencias, las cuales vienen establecidas en el punto 5 de este artículo 132: “La comunicación a los afectados por las órdenes dictadas al amparo de este precepto irá acompañada de la advertencia de incurrir en eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento”. Es decir, la cárcel, sin eufemismos.
Información sobre procesos en curso
Un solo artículo, el 134, les basta a los redactores del borrador de Código Procesal Penal para quitarse a los medios de comunicación de en medio: la Fiscalía General del Estado podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.
Pero, además, se establece que “podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública, siempre y cuando no exista riesgo de perjudicar alguno de los valores mencionados en el Artículo 130.1″. Mientras tanto, absoluta mordaza.
Es cierto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que los periodistas no irán a la cárcel, sino sólo los que filtran los documentos o actuaciones, aunque los periodistas serán multados -proceso por lo civil-, y también ha dicho que se trata sólo de un borrador y que habrá cambios. Pero es que a Gallardón ya nadie le cree.

Corinna cobraba en Suiza las comisiones millonarias por sus trabajos a empresas



La revista Interviú revela que la amiga del rey recibía los pagos a través de un sistema de documentación falsa pero legal que utiliza el CNI y que impide dejar rastro

PÚBLICO Madrid 19/03/2013 12:06 Actualizado: 19/03/2013 13:16


Corinna, en la portada de la revista '¡Hola!'. PÚBLICO.ANUNCIOS GOOGLE

Corinna, en la portada de la revista '¡Hola!'. PÚBLICO.

La amiga del rey y empresaria alemana, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cobraba en cuentas suizas las comisiones millonarias que recibía por sus trabajos para empresas españolas beneficiadas por grandes contratos. Lo hizo,según revela hoy la revista Interviú, mediante un sistema de documentación "falsa pero legal" utilizado por el CNI. Estas comisiones, según la publicación semanal, ascendían a un 3% de los beneficios obtenidos por las entidades.
"Fuentes de los servicios de inteligencia explicaron a esta revista que se habrían abierto dos cuentas en Suiza a nombre de "identidades operativas"; nombres completamente falsos pero dotados de documentación española (DNI y pasaporte) totalmente legal. Por norma general, este tipo de identidades se generan con autorización judicial para facilitar el trabajo de agentes encubiertos. Y se destinan en su mayoría a los agentes sobre el terreno que trabajan para el Centro Nacional de Inteligencia", señala elartículo, que añade que portavoces del CNI han negado que se haya utilizado alguna de sus identidades para abrir cuentas en Suiza.
Interviú asegura que las dos cuentas pertenecen a las entidades bancarias Bank of Scotland de Zúrich y Private Bank de Ginebra, ambas gestionadas por "un conocido bróker helvético relacionado con los fondos de varias fortunas españolas en Suiza" y añade que a través de este sistema (utilizado para pagar un rescate o financiar investigaciones sobre ventas de armas a ETA, por ejemplo), el dinero no deja rastro, de modo que resulta imposible para un juez seguirle la pista o vincularlas al nombre de Corinna.
Esta información se publica precisamente el mismo día en que el director del CNI, Félix Sanz, se someterá a puerta cerrada en el Congreso al interrogatorio de la comisión de Gastos Reservadospara responder,  entre otras cuestiones, a las "gestiones delicadas" en favor del Estado español realizadas por la 'princesa' alemana, tal y como ella misma reconoció en una entrevista en El Mundo.
Además, el nombre de la amiga personal e íntima del monarca aparece relacionado con Iñaki Urdangarin en varios correos que el ex socio del duque, Diego Torres, entregó al juez que instruye el 'caso Nóos'.
La nueva revelación del semanario Interviú ya ha comenzado a circular con fuerza por la redes sociales y algunos diputados, como Alberto Garzón, se han hecho eco para reclamar #AbajoElRegimen. 


Mintegi: «El PP, si no hay ETA, se la inventa»


La líder de Bildu dice no entender que los grupos políticos «se pongan de uñas por una obviedad como es decir que este conflicto tiene un origen político»

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, ha denunciado que el PP, si no hay ETA, «se la inventa» y, si no, la convierte a ella «en una ETA activa», para tapar «sus miserias» y hacer «ruido» cuando está en una situación «casi al borde de tener que dimitir». Además, ha asegurado que no entiende que «se pongan de uñas por una obviedad como es decir que el conflicto tiene un origen político».
La representante de la izquierda abertzale se ha referido, de esta forma, al desencuentro que se produjo el jueves de la pasada semana en el Parlamento vasco, cuando la portavoz del PP en la Cámara, Arantza Quiroga, la acusó de haber estado «tan campante» en el homenaje del dirigente del PSE-EE asesinado por ETA, Fernando Buesa. Por su parte, Laura Mintegi dijo que la muerte de Buesa tenía «origen político» y podía haberse «evitado».
En una entrevista concedida a ETB, Mintegi ha manifestado que, tras este episodio en el Parlamento, se le quedó «muy mal sabor de boca». «Yo creo que se quiso hacer una lectura tendenciosa de lo que yo dije. En ningún momento tuve una falta de respeto hacia las víctimas, sino todo lo contrario», ha añadido.
Laura Mintegi ha afirmado que, «de verdad». no entiende que haya gente que todavía «esté de uñas» con EH Bildu porque el mensaje que está ofreciendo es de «acuerdos, de diálogo y de hablar con todo el mundo». «Que se pongan de uñas por una obviedad y algo de tan sentido común como decir que este conflicto tiene un origen político, no lo entiendo. Creo que hay un vértigo a la paz y que les resulta más rentable una situación de enfrentamiento porque, si ya no hay un enemigo al que enfrentarse, hay que empezar a hablar de política y no quieren hablar de cómo arreglar esto», ha manifestado.

ETA y los presos

Mintegi ha destacado que «hace más de tres años que ETA no mata y hace más de un año que hizo el anuncio definitivo del cese de su actividad». «Eso ya da una garantía del compromiso que se tomó en su momento», ha añadido.
En cuanto a los presos, ha señalado que «no están nerviosos, en absoluto», sino que «están dando muestras de una gran madurez» porque «saben» que son los últimos en esta resolución porque «se está haciendo una política muy cicatera y con una miopía política enorme por parte del Gobierno».
A su juicio, está haciendo unas políticas «cortoplacistas, mirando a la hora siguiente». «Como no está dispuesto, necesita meter ruido en otro lado. Si no hay ETA, se la inventa, y si no tiene una ETA activa, entonces, a Laura Mintegi la convierte en una ETA pasiva, se la inventa porque sabe perfectamente que la actitud que tienen EH Bildu y esta portavoz, en absoluto, es de agresión, sino todo lo contrario, por eso se inventan cosas que no son», ha aseguarado.

El botín para los de siempre !


Desde el viernes 15 de marzo, los periódicos hacen de correa de transmisión para meter más puñetazos en el estómago a los profesores. Esta vez, el argumento es que son semi analfabetos.
Se hace con interinos por aquello del "divide y vencerás", se mezclan medias verdades (dobles mentiras) con silencios pasmosos.
¿Qué hay detrás, mejorar el procedimiento selectivo y con ello la calidad docente? Ni jartos, eso se hace de otras maneras y, desde luego, no empezando por llamar analfabetos a los profesores.

Lo que hay detrás es todo el rato lo mismo: trasvase de dinero público a beneficio privado en un "segmento de mercado" con "público cautivo". Es decir, de alta rentabilidad, como la sanidad.

Evidentemente, la educación no es un "segmento de mercado". Es un servicio público y parte del salario indirecto con que se retribuye a los trabajadores, como la sanidad.

El ataque concertado a profesores interinos se debe a que para convertirlo en un negocio antes hay que desprestigiar su funcionamiento público. Una vez hecho, se privatizará la gestión de las listas de sustituciones y, entonces, interinos serán los que hayan mostrado "capacidad de liderazgo" cursando un máster donde dirán AMÉN a toda la parafernalia ultraliberal para así mejor adoctrinar a niños y adolescentes.

El candidato a llevárselo crudo es la fundación "Empieza por educar". Esto es lo que hay. Cuando la Unión Soviética desaparece como amenaza y todo el monte es orégano, van a por todas. Lo curioso es que muchos con formación para entenderlo se queden en el mensaje que taladran los periódicos señalando al político y sin ver el proceso. Así, el único sitio al que vamos es a decir cada uno AMÉN hasta vivir debajo del puente.

http://soypublica.wordpress.com/2012/03/13/empieza-por-educar-ataca-de-nuevo/

<<< Tomado del muro de una camarada >>>
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Desde el viernes 15 de marzo, los periódicos hacen de correa de transmisión para meter más puñetazos en el estómago a los profesores. Esta vez, el argumento esque son semi analfabetos.
Se hace con interinos por aquello del "divide y vencerás", se mezclan medias verdades (dobles mentiras) con silencios pasmosos.
¿Qué hay detrás, mejorar el procedimiento selectivo y con ello la calidad docente? Ni jartos, eso se hace de otras maneras y, desde luego, no empezando por llamar analfabetos a los profesores.

Lo que hay detrás es todo el rato lo mismo: trasvase de dinero público a beneficio privado en un "segmento de mercado" con "público cautivo". Es decir, de alta rentabilidad, como la sanidad.

Evidentemente, la educación no es un "segmento de mercado". Es un servicio público y parte del salario indirecto con que se retribuye a los trabajadores, como la sanidad.

El ataque concertado a profesores interinos se debe a que para convertirlo en un negocio antes hay que desprestigiar su funcionamiento público. Una vez hecho, se privatizará la gestión de las listas de sustituciones y, entonces, interinos serán los que hayan mostrado "capacidad de liderazgo" cursando un máster donde dirán AMÉN a toda la parafernalia ultraliberal para así mejor adoctrinar a niños y adolescentes.

El candidato a llevárselo crudo es la fundación "Empieza por educar". Esto es lo que hay. Cuando la Unión Soviética desaparece como amenaza y todo el monte es orégano, van a por todas. Lo curioso es que muchos con formación para entenderlo se queden en el mensaje que taladran los periódicos señalando al político y sin ver el proceso. Así, el único sitio al que vamos es a decir cada uno AMÉN hasta vivir debajo del puente.

http://soypublica.wordpress.com/2012/03/13/empieza-por-educar-ataca-de-nuevo/

<<< Tomado del muro de una camarada >>>
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MUY GRÁFICO !


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QUE CELEBRAMOS HOY ?


19 de marzo  de 1812: La Pepa

Los diputados de las Cortes de Cádiz proclamaron públicamente la primera Constitución española el 19 de marzo de 1812, festividad de San José. Avanzada para su época, se basaba en el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y reconocía derechos individuales —a la educación, a la libertad o a la propiedad—; instauraba la separación de poderes, limitaba los del rey y proclamaba la soberanía nacional, definiendo la monarquía como constitucional. Establecía el sufragio universal masculino indirecto y recogió derechos como la libertad de imprenta, de industria o la abolición de los señoríos.
La Constitución de Cádiz —llamada popularmente «La Pepa»— suponía una garantía de seguridad al resto de la legislación elaborada por las Cortes de Cádiz. 

Solo tuvo una vigencia de dos años desde su promulgación, pues se derogó en 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Posteriormente se volvió a aplicar durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve periodo en 1836-1837, bajo el Gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. 

La Constitución de 1812 se convirtió en un referente universal de libertad, con enorme trascendencia en la modernización de Europa y América, al convertirse en modelo y estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos pueblos. El naciente liberalismo europeo hizo de la Constitución española su más inmediata referencia. En ocasiones, tras un movimiento revolucionario, se impuso tal y como salió de Cádiz, o «inspiró» textos constitucionales en Nápoles, Portugal, Piamonte o Rusia. El texto de la «Pepa» también fue seguido en América durante el proceso emancipador de las antiguas colonias del Imperio español, cuyas nuevas constituciones copiaban aspectos de la gaditana. Sirvió también de recurso de interinidad, mientras se redactaba la propia Constitución. Tendría gran influencia en el constitucionalismo español decimonónico.


¿Sabías que…?

Algunos de los diputados de ultramar, llegado el momento de jurar la Constitución, se negaron, aunque al final todos juraron con la fórmula del imperativo legal.

El canciller austriaco Metternich declaró que la revolución española desarrollada a partir de la promulgación de la Constitución de 1812 era todavía peor que la francesa, pues esta había sido local, «y la española era europea».












19 de marzo de 1812: La Pepa

Los diputados de las Cortes de Cádiz proclamaron públicamente la primera Constitución española el 19 de marzo de 1812, festividad de San José. Avanzada para su época, se basaba en el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y reconocía derechos individuales —a la educación, a la libertad o a la propiedad—; instauraba la separación de poderes, limitaba los del rey y proclamaba la soberanía nacional, definiendo la monarquía como constitucional. Establecía el sufragio universal masculino indirecto y recogió derechos como la libertad de imprenta, de industria o la abolición de los señoríos.
La Constitución de Cádiz —llamada popularmente «La Pepa»— suponía una garantía de seguridad al resto de la legislación elaborada por las Cortes de Cádiz.

Solo tuvo una vigencia de dos años desde su promulgación, pues se derogó en 1814, tras el regreso a España de Fernando VII. Posteriormente se volvió a aplicar durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve periodo en 1836-1837, bajo el Gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837.

La Constitución de 1812 se convirtió en un referente universal de libertad, con enorme trascendencia en la modernización de Europa y América, al convertirse en modelo y estandarte de las reivindicaciones de libertad de muchos pueblos. El naciente liberalismo europeo hizo de la Constitución española su más inmediata referencia. En ocasiones, tras un movimiento revolucionario, se impuso tal y como salió de Cádiz, o «inspiró» textos constitucionales en Nápoles, Portugal, Piamonte o Rusia. El texto de la «Pepa» también fue seguido en América durante el proceso emancipador de las antiguas colonias del Imperio español, cuyas nuevas constituciones copiaban aspectos de la gaditana. Sirvió también de recurso de interinidad, mientras se redactaba la propia Constitución. Tendría gran influencia en el constitucionalismo español decimonónico.


¿Sabías que…?

Algunos de los diputados de ultramar, llegado el momento de jurar la Constitución, se negaron, aunque al final todos juraron con la fórmula del imperativo legal.

El canciller austriaco Metternich declaró que la revolución española desarrollada a partir de la promulgación de la Constitución de 1812 era todavía peor que la francesa, pues esta había sido local, «y la española era europea».

Repudio total!



REPUDIAMOS las declaraciones del represor y genocida Jorge Rafael Videla, hechas desde su celda en el penal de Marcos Paz, donde purga dos condenas a perpetuidad y otra más a 50 años de encierro por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Su apelación a un nuevo golpe de estado llamando  “a los más jóvenes, que hoy promedian las edades de 58 a 68 años, que aún están en aptitud física de combatir, que en caso de continuar sosteniéndose este injusto encarcelamiento y denostación (sic) de los valores básicos, ameriten el deber de armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y sus secuaces”. Jugando con las palabras, el criminal agregó también: “La República ha desaparecido”.

Si bien todo el episodio resulta patético, no pasaremos por alto esta apología del delito sin expresar nuestro rechazo. Lo hacemos defensa de las conquistas realizadas y por los logros aún por concretar, e invitamos a todos a que se sumen a él.









REPUDIAMOS las declaraciones del represor y genocida Jorge Rafael Videla, hechas desde su celda en el penal de Marcos Paz, donde purga dos condenas a perpetuidad y otra más a 50 años de encierro por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Su apelación a un nuevo golpe de estado llamando “a los más jóvenes, que hoy promedian las edades de 58 a 68 años, que aún están en aptitud física de combatir, que en caso de continuar sosteniéndose este injusto encarcelamiento y denostación (sic) de los valores básicos, ameriten el deber de armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y sus secuaces”. Jugando con las palabras, el criminal agregó también: “La República ha desaparecido”.

Si bien todo el episodio resulta patético, no pasaremos por alto esta apología del delito sin expresar nuestro rechazo. Lo hacemos defensa de las conquistas realizadas y por los logros aún por concretar, e invitamos a todos a que se sumen a él.